Ciudadanía en tiempos de quiebre: formación ciudadana, diáspora y el significado político de la detención de Maduro

Hay momentos históricos que obligan a replantear, sin eufemismos, qué entendemos por ciudadanía. No como una palabra decorativa en manuales escolares, sino como una práctica concreta: ejercer derechos, asumir responsabilidades públicas, deliberar con evidencia, organizarse con otros y defender la dignidad humana incluso cuando el costo personal es alto. La contingencia venezolana —marcada por migración forzosa, precariedad sostenida y denuncias reiteradas de violaciones de derechos— ha convertido la ciudadanía en un ejercicio de supervivencia y resistencia cotidiana. En ese marco, la detención de Nicolás Maduro y su traslado a custodia en Nueva York ha sido leída por millones de venezolanos, dentro y fuera del país, como un quiebre simbólico de la impunidad y como una señal, largamente esperada, de defensa de la libertad frente a un poder que parecía intocable.

La formación ciudadana, entendida desde marcos contemporáneos, no se reduce a “portarse bien” o a repetir consignas institucionales; se orienta a desarrollar competencias cívicas reales: pensamiento crítico, participación informada, defensa de derechos, manejo no violento del conflicto, control democrático del poder y capacidad de actuar colectivamente. Esa visión se alinea con referencias internacionales en educación para la ciudadanía democrática y educación en derechos humanos, así como con enfoques de ciudadanía global que subrayan la responsabilidad pública y la acción basada en evidencia. La investigación educativa, además, distingue entre modelos de ciudadanía que no son equivalentes: el ciudadano “personalmente responsable” (cumple reglas), el “participativo” (se involucra activamente en su comunidad) y el “orientado a la justicia” (identifica desigualdades estructurales y exige transformaciones). Venezuela, precisamente, ha empujado a millones hacia este último tipo: la ciudadanía como práctica de justicia frente a abusos, cierres institucionales y degradación material sostenida. En esa clave, la idea freireana de concientización resulta pertinente: comprender críticamente las condiciones de opresión y convertir ese entendimiento en acción social (praxis), no en resignación.

La diáspora venezolana, por su parte, no es un dato periférico, sino un sujeto cívico central. El desplazamiento venezolano ha sido descrito por organismos internacionales como uno de los mayores del mundo contemporáneo, con estimaciones que rondan los 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos a nivel global, además de un número muy relevante de solicitantes de asilo. Ese volumen no es una estadística fría: implica familias fragmentadas, duelo migratorio, capital humano desarraigado, trayectorias educativas interrumpidas, trabajos precarizados y vidas reconstruidas en condiciones de incertidumbre. También ha generado, paradójicamente, una escuela masiva de ciudadanía práctica: redes de apoyo, defensa de derechos en países de acogida, organización comunitaria, denuncia pública y mantenimiento de una esfera pública venezolana transnacional.

Por eso no sorprende que, tras la detención de Maduro, se registraran celebraciones y expresiones de alivio en comunidades venezolanas fuera del país. Para millones, ese gesto tiene un significado político inmediato: por primera vez en mucho tiempo se percibe una grieta en la arquitectura de impunidad. La alegría de la diáspora no se explica por un interés abstracto o partidista, sino por la acumulación de pérdidas y agravios: migración forzosa, pobreza, precariedad, derechos violentados y un horizonte vital que, para demasiados, fue clausurado por la crisis.

Dicho esto, la precisión importa. En Estados Unidos, Maduro ha sido acusado formalmente desde 2020 en un expediente federal que incluye cargos como narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína y otros cargos relacionados; esas imputaciones han sido expuestas en documentos oficiales.

Más allá de interpretaciones, el hecho ha reconfigurado expectativas: para una parte sustantiva del pueblo venezolano, la detención transmite un mensaje concreto y pedagógico en términos cívicos: nadie es intocable. En un contexto de escasez prolongada, coerción política y sensación de arbitrariedad, esa señal se percibe como un primer paso para reconstruir la confianza en la justicia, aun cuando existan debates legítimos sobre jurisdicción, soberanía y relaciones internacionales.

Aquí aparece un punto decisivo para la formación ciudadana: el riesgo de que voces externas y/o “expertas” —en especial aquellas instaladas en posiciones de privilegio y, a menudo, desde la élite académica o desde una ubicación ajena a la experiencia del pueblo venezolano— conviertan la realidad venezolana en un objeto de análisis sin responsabilidades, minimizando o relativizando testimonios de sufrimiento real. Cuando alguien, desde la comodidad de una vida estable, descalifica el festejo de los venezolanos ante la detención de Maduro o blanquea el régimen como si se tratara de un “debate de modelos” sin costos humanos, no está emitiendo solamente una opinión: está ejerciendo poder simbólico contra quienes han cargado con la crisis. Es también desde esos círculos donde se han acuñado y repetido etiquetas grandilocuentes —como “fascismo neoliberal” o “neofascismo de ultraderecha”— para impugnar la detención o las medidas asociadas, no para proteger a las víctimas, sino para terminar relativizando responsabilidades y, en la práctica, defendiendo al dictador y al régimen venezolano desde una izquierda obtusa, más preocupada por el encuadre ideológico que por la experiencia concreta de quienes padecieron migración forzosa, pobreza, precariedad y violaciones de derechos humanos. La filosofía contemporánea ha conceptualizado este fenómeno como injusticia epistémica: negar credibilidad, autoridad narrativa o inteligibilidad social a quienes sufren, de modo que su testimonio queda degradado, sospechado o descartado. En perspectiva poscolonial, el problema se vuelve aún más agudo: quién habla por quién, quién define la realidad del otro, quién traduce y quién silencia.

La crítica, entonces, no es contra el disenso razonable; es contra la frivolidad moral de opinar sin escuchar, de exigir “matices” sin asumir el peso del dolor ajeno y de tratar como exageración lo que para millones fue experiencia cotidiana. Quienes defendieron el régimen desde tribunas académicas o ideológicas, ignorando la migración forzosa, la precarización y las denuncias de violaciones de derechos, exhiben una distancia insalvable respecto de las vivencias de quienes hicieron filas interminables, vieron colapsar sus ingresos, perdieron familiares por carencias evitables o huyeron para sobrevivir. La ciudadanía democrática exige empatía informada, no superioridad discursiva.

Si la detención de Maduro se entiende como un gesto de mejora y defensa de la libertad del pueblo venezolano, el desafío inmediato es convertir el símbolo en institucionalidad: primacía de los derechos humanos, reconstrucción del Estado de derecho, verdad pública, memoria cívica, reparación a víctimas y garantías de no repetición. Informes de organizaciones y sistemas de reporte internacional han descrito patrones de represión, cierres del espacio cívico y afectaciones severas a libertades fundamentales que, en una etapa posterior, deberán abordarse con mecanismos verificables, no con negaciones retóricas. Además, cualquier horizonte democrático serio debe incluir una reintegración social de la diáspora: políticas para retorno digno, reconocimiento de habilidades, reunificación familiar, regularización de trayectorias educativas y laborales, y reconstrucción material que atienda la precariedad estructural.

Celebrar la detención de un líder acusado de crímenes graves no es necesariamente celebrar la violencia; para muchos venezolanos es celebrar el fin de la intocabilidad y el inicio de una posibilidad. Pero la responsabilidad ciudadana comienza precisamente allí: exigir que la justicia sea justicia, que el cambio no sea un reemplazo de abusos y que el futuro se construya con reglas democráticas, derechos humanos y participación informada. La ciudadanía venezolana —dentro y fuera del territorio— ya demostró algo esencial: que la libertad no es una consigna, es una práctica sostenida. Y que, en tiempos de quiebre, la formación ciudadana más real ocurre cuando un pueblo decide no renunciar a su derecho a vivir con dignidad.